Millones de personas en todo el mundo se ven forzadas a desplazarse para huir de la guerra, la violencia generalizada o la violación de los derechos humanos que atraviesan en sus países. Al poner la lupa en América Latina se observa que la inestabilidad política y socioeconómica arroja datos alarmantes.
Como el caso de Venezuela que, según la Organización de Naciones Unidas, en 2020 superará las cifras de Siria en cuanto a desplazamiento obligado de ciudadanos. Otro ejemplo es lo sucedido con los habitantes del Caribe y Colombia, que escapan de la violencia producida por el narcotráfico.
Para visibilizar esta problemática, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo propició un conversatorio con referentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), la Asociación Ecuménica de Cuyo (FEC), el Gobierno provincial y la casa de estudios anfitriona.
Y sobre el final del encuentro hubo un momento para los testimonios. La docente Jazmine Daphinis, proveniente de Haití, y el ingeniero Omar Ruiz, oriundo de Qatar, compartieron detalles de la realidad que transitan como migrantes en Mendoza.
De la actividad participaron la decana Claudia García, el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales, Luis Ábrego, y el profesor universitario y parlamentario del Mercosur, Gabriel Fidel.
El trabajo de ACNUR para el Sur de América Latina
El representante de esa Oficina Regional, Claudio Alfaraz, explicó que la agencia humanitaria tiene por mandato salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, desplazados internos y apátridas. Dijo, a su vez, que los principios de protección internacional que guían su accionar son: no devolución, no sanción por ingreso ilegal, no discriminación, garantizar la unidad familiar con especial cuidado de niños, niñas y adolescentes, acceso a procedimientos justos y eficientes para determinar la condición de refugiados y fomentar la cooperación internacional para garantizar que el esquema de protección funcione efectivamente.
Alfaraz señaló que en el caso de los refugiados o migrantes forzados existe una situación crítica que amerita que esta persona se haya visto obligada a huir de su país: “En ACNUR hay una frase que usamos recurrentemente: nadie es refugiado por propia elección. Es decir nadie sale de su país, nadie huye de la violencia de forma voluntaria, todos salen con pedido, obligados por una situación de fuerza mayor”.
Según la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 de Naciones Unidas, para ACNUR la persona refugiada es aquella que se encuentra afuera del país de su nacionalidad o residencia, debido a que tienen fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas y que no cuenta con la protección de su país.
Con la Declaración de Cartagena de 1984 esa definición se amplió a aquellas personas que han huido de su país, porque sus vidas, seguridad o libertad se ven amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Más allá de los refugiados, el representante de Naciones Unidas indicó que ACNUR atiende otros grupos de personas: solicitantes de asilo, desplazados internos y personas apátridas. En ese sentido detalló las soluciones duraderas que pretende aportar la Agencia para las vidas de las personas que se han visto obligadas a desplazarse forzosamente.
Dijo que en un plano ideal se busca la repatriación voluntaria a su lugar de origen, pero que lamentablemente no siempre es lo más posible, lo más común. Entonces se aboga por la integración local en el país de asilo. Y si esto no es factible, un tercer tipo de solución es el reasentamiento en un tercer país. Finalmente Alfaraz compartió algunas cifras mundiales que dan cuenta de esta problemática que en 2018 afectó a unas 70.8 millones de personas, de las cuales la mitad eran niños y niñas.
La política de Derechos Humanos en Mendoza
A su turno, la directora de Derechos Humanos de la Provincia, Luz Faingold, comentó que desde esa área gubernamental se atienden y asisten los casos de víctimas de trata de personas. “En este delito un componente esencial e importante es el traslado de la persona, porque eso es lo que provoca la vulnerabilidad” explicitó. Además manifestó que desde la Dirección brindan un beneficio para ex presos políticos exiliados en otro país.
En su condición de asilada política durante la dictadura militar en Argentina, Faingold comentó cómo fueron esos años de exilio obligado: “Yo misma fui refugiada hace 40 años por la política de ACNUR” dijo. En primer lugar viajó a Brasil donde recuerda que llegó en muy mal estado anímico. “Tuve que esperar tres meses a un traslado al tercer país, porque en Brasil no había condiciones tampoco en ese momento para vivir, porque había una dictadura militar también. Y conseguí asilo político, porque lo pedí, en Francia”.
De esa experiencia en el país europeo detalló: “No sufrí discriminación. Era muy joven, había estudiado francés en el Colegio Universitario Central, que me sirvió como una base. Yo tenía las mejores condiciones de adaptación para un país que me daba dinero por aprender francés, y después me dio beca.
"Sin embargo el sufrimiento del desarraigo es algo gravísimo, provoca una vulnerabilidad extrema. Yo estaba en duelo, estuve un año llorando en Paris, una ciudad hermosa. Fue durísimo. Hacíamos cola con los refugiados en una cabina telefónica pinchada o rota para poder hablar a nuestro país”, agregó la funcionaria.
Luego de un tiempo Faingold pudo tramitar el pasaporte de la Convención de Ginebra de 1951, que especificaba que podía viajar a todos los países, menos a la Argentina. Y con la vuelta de la democracia, fue uno de los casos de exiliados políticos que regresó al país. Finalmente -y retomando el tema del desarraigo- expresó: “Hay un dolor espiritual muy grande, que provoca una gran vulnerabilidad. Por eso siempre estaré agradecidísima a ACNUR”.
El enfoque académico sobre migraciones y refugio
Por último, expuso Valeria Chiavetta, presidenta de la FEC y docente de la facultad de Ciencias Políticas y Socioles. Como estudiosa del tema migrantes, comenzó explicando que en el país existen dos normativas centrales. Por un lado la 25.871, una ley de avanzada que tuvo un surgimiento desde los movimientos y organizaciones sociales, y que reconoce que la migración es un derecho humano, esencial e inalienable de las personas. Y por otro, la 26.165, la primera ley dentro de la Región que adhiere a la Convención de Naciones Unidas para Refugiados.
Asimismo compartió algunos hitos de la política migratoria en los últimos años: “Mucha de la política migratoria que surge en este período asocia la idea de migrante con la idea de la delincuencia, el narcotráfico”.
En ese orden rescató la creación del Área de Prevención de Delitos al Orden Migratorio. También un aumento exponencial de las tasas migratorias que en 2016 era de $600 para residentes del Mercosur y actualmente es de $3.000, en tanto que para residentes extra Mercosur asciende a 6000 pesos. A su vez un decreto de necesidad y urgencia genera transformaciones en cuanto a las condiciones de expulsión de las personas migrantes.
A la par se crea la Comisión Nacional de Fronteras y se instala el Sistema de Radicación a Distancia. Además se crea un programa especial para población haitiana que otorga una residencia temporaria a quienes ingresaron como turistas durante dos años.
En tanto que se establecen medidas administrativas y operativas de excepcionalidad para facilitar la radicación de población venezolana junto con un programa de asistencia a migrantes de ese país que los autoriza para ingresar a la Argentina. Por último se da una actualización del programa Siria, creado en 2016.
En relación a las políticas de asilo afirmó que se dio un proceso de renovación en la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que ha generado algunas demoras en los trámites de solicitudes de asilo.
En cifras, durante el 2017 ese organismo recepcionó 1900 solicitudes de asilo, y de ellas 135 fueron de ciudadanos venezolanos, en tanto que de las 2700 solicitudes presentadas en el 2018, un total de 900 fueron de población venezolana, seguidas de senegaleses, haitianos y dominicanos.
La académica también hizo referencia a la agenda que instalan los medios masivos de comunicación con respecto a las migraciones. Habló de que se busca promover la desconfianza en base a la idea de que los migrantes y los refugiados vienen a aprovecharse de los recursos sociales que no le corresponden (como el acceso a la salud y la educación).
También de instalar la idea de que hay “migrantes buenos” y “migrantes malos”. En ese misma línea, existe un incremento del acoso policial que sufren especialmente los vendedores ambulantes, por ejemplo de la población senegalesa en el conourbano bonaerense. Y últimamente, un fuerte debate en torno a la necesidad de la reciprocidad con los países de origen respecto del acceso a la salud, tema muy discutido en el Norte del país, así como la discusión por la exclusión de extranjeros que cometen delitos.
Vinculado a la práctica que lleva adelante la FEC en la atención de personas migrantes, Chiavetta mostró preocupación por el desconocimiento de la Ley de Migraciones y Refugio. En una investigación exploratoria quedó en evidencia que muchos funcionarios de gobierno así como los propios migrantes desconocen la normativa, a la vez que se genera una situación de desconfianza y circula información confusa sobre el tema.
Como dato concreto este año la Asociación atendió y acompañó a 160 familias migrantes. De ellas el 8 por ciento es población solicitante de refugio, particularmente de Venezuela y Colombia. Y entre las principales dificultades que observan se encuentra un cambio en el sistema de radicación, donde no existe la consulta personal sino que el trámite se realiza exclusivamente de forma virtual.
“La mayoría de la población migrante que aquí tenemos es boliviana, seguida por peruana y chilena. Muchas de ellas no están alfabetizadas, y además no están alfabetizadas informáticamente, por lo cual la realización de ese trámite genera muchas dificultades, junto con la aparición cada vez más fuerte de gestores que cobran por hacer ese trámite”, recalcó Chiavetta.
