A la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales:

El Ciclo de Profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en su carácter de carrera de formación docente en Ciencias Sociales, expresa su posición en relación al tratamiento del proyecto de Ley de Educación Provincial.

El tratamiento de una nueva ley de educación implica cambios profundos en la sociedad de la que se trate. El sistema educativo se encuentra en la base social, los cambios en el mismo impactan de manera clara y concreta en aspectos sociales, económicos y culturales de una manera profunda y a largo plazo. La sensibilidad en las modificaciones que se realizan deben partir de diagnósticos precisos y de acuerdos alcanzados.

Es en este sentido que nos preguntamos: ¿qué problemas del sistema educativo pendientes y actuales resuelve?, ¿qué desafíos futuros atiende?, ¿cuáles son sus principales innovaciones y en qué sentido?, ¿en que avanza en el sentido de sostenimiento y ampliación de derechos?, ¿promueve cambios educativos necesarios?, ¿qué recursos aporta al sistema?, ¿qué consensos anteriores recoge?, ¿con qué líneas de la tradición educativa mendocina se articula? ¿a qué proyecto de sociedad se orienta?,¿qué propone para la emergencia educativa y social en la que nos encontramos? ¿cuál es la agenda educativa que permite visualizar?

En primer lugar, consideramos que, si bien desde el sentido común se pueden hacer interpretaciones con respecto a la situación de la educación en la Provincia de Mendoza, son necesarios diagnósticos cuantitativos y cualitativos, análisis profundos e interpretaciones reflexivas de las principales problemáticas; que den cuenta de las necesidades y desafíos. Análisis que articulen diagnósticos estructurales y coyunturales, que permitan sentar bases para avanzar en una propuesta a corto, mediano y largo plazo.

Por las características del sistema educativo, su finalidad, su extensión territorial y simbólica, por el rol central que ocupa en Mendoza, el tratamiento de una nueva Ley de Educación implica y demanda la participación de actores sociales diversos, voces que habitan todo el territorio provincial, la incorporación de las otras instituciones y organizaciones sociales, la convocatoria a representantes gremiales, directivos, docentes, estudiantes, familias, y más. Tanto los diagnósticos que necesariamente deben ser participativos, como un nuevo proyecto de ley, deben garantizar el compromiso pleno, en condiciones reales de participación.

El actual contexto de emergencia sanitaria por COVID 19, impide poder dar lugar al análisis y debate que, por lo antes dicho, creemos exige una nueva Ley de educación para la provincia. Por otra parte, es necesario un paquete de medidas y propuestas, que permitan atravesar los próximos meses y hacer frente a la emergencia educativa en la que estamos.

La situación de los/las trabajadores/as de la educación y sus condiciones salariales y de trabajo a distancia, de su propia salud física y psíquica, exigen soluciones y atender sus demandas, luego de tanto esfuerzo.

La situación de quienes son estudiantes y familias en contexto de pandemia, crisis económica, y de profundo perjuicio para la salud física y psíquica, nos advierten sobre la necesidad prioritaria de trabajar en pos de disminuir las brechas sociales y las brechas tecnológicas que se traduce en ausencia de educación y del sistema educativo en muchos hogares.

De manera central creemos que una nueva ley se sostiene con financiamiento genuino, la ausencia en la garantía del mismo implica el recorte de la inversión en educación, al achique del sistema educativo de gestión estatal, la retirada por parte del estado en las garantías que debe ofrecer para el acceso, permanencia y egreso, la inclusión educativa y la equidad.

En relación a los contenidos y sentidos expresados en la propuesta de ley, mencionamos algunos de los que nos generan mayor preocupación y que deben ser analizados en profundidad y modificados:

• Principio de garantía y de ampliación de derechos: en el texto se observa una sustitución de la palabra “garantizar”, por términos similares, pero con diferencias significativas que retiran al estado de su deber. La transcripción textual de fragmentos de la Ley 26.206 Nacional de Educación, genera confusión en la razón misma de transcribir la ley marco, a la vez que los cambios, agregados y modificaciones en conceptos y términos, alejan a este texto del espíritu de la ley Nacional.
• Las Ciencias Sociales con débiles o insuficientes desarrollos. Es probado el menor impulso en todo el sistema educativo provincial, de las ciencias sociales en comparación con los lenguajes lecto-escritos y numéricos y con los saberes de las ciencias naturales. Se evidencia en los volúmenes asignados de tiempo escolar, en las ofertas de capacitación, en los materiales didácticos y en las propuestas editoriales que emanan de los gobiernos escolares. Las instituciones educativas son el espacio socializante, después del parental, de alto valor político, ya que su masividad demanda convenciones y pautas de funcionamiento integrales. En ellas se desarrolla el conocimiento de normas comunes universales, la construcción de acuerdos por mayoría, los vínculos de puja por el poder, y el reconocimiento de intereses diferentes y antagónicos. Con alta frecuencia se observa desconocimiento del concepto de Estado, de Ciudadanía, de Participación política, entre otros. También se advierte una frecuente fragmentación del tratamiento de fenómenos universales como desigualdad e injusticia, temáticas que requieren abordajes complejos e integrales desde la perspectiva de Derechos Humanos que las ciencias sociales generan.
• Ausencia de perspectiva de género como saber transversal en los fines de la propuesta. Actualmente se advierte la necesidad de desarrollar conocimientos que identifiquen los fenómenos de desigualdad, violencia, exclusión y discriminación sobre las mujeres, habida cuenta del extendido, invisibilidad y naturalizado patriarcalismo dominante en nuestras sociedades. - Ausencia de actualización e innovación acerca de la transmisión de ciencia. El sistema educativo se estableció en orden a los desarrollos científicos positivistas. El estado de la ciencia actual es de vertiginosa producción, con saberes pertinentes a varias áreas de conocimiento y en el que la comunicación de la ciencia requiere reforzar vigilancias epistemológicas rigurosas.
• Los conceptos de trabajo y trabajador/a están silenciados y bajo prescripciones regresivas. El desarrollo productivo es posible por la fuerza que lo moviliza, ordena y define, es decir, por el trabajo realizado por hombres y mujeres. El silenciamiento y ausencia de abordajes críticos acerca del trabajo y de los/las trabajadores/es excluye la búsqueda de un bienestar sustentado en desempeños laborales en ámbitos cuidadosos de la salud integral, en la participación y compromiso sobre las decisiones de la organización laboral y en la expectativa de progresar en mayores desarrollos. En la propuesta de Ley se observa insuficiencia sobre la relación Educación-Trabajo, y también se observa en la pérdida de derechos laborales y profesionales logrados.
• Acerca de la educación digital. Los fenómenos digitales integran aspectos de magnitud y profundidad cultural que vuelven ineludible su integración como entorno, como lenguaje, como tendencia cultural y como recurso. Su integración al sistema educativo requiere la reflexión crítica acerca de su uso, de sus fuentes de producción, de comercialización y de difusión. Entendemos que el sistema educativo debe desarrollar formación crítica en relación al fenómeno social más integral, masivo y universal de los últimos tiempos.

Creemos que este debería ser un punto central en una nueva propuesta de ley, y que no está a la altura de las circunstancias, demandas y desafíos a futuro. Un Sistema Educativo Digital debería constituirse claramente como ampliación de derechos de los/as estudiantes y docentes, con el objetivo central de reducir las brechas tecnológicas, que no se garantizan por su sola mención.

En la propuesta el Sistema Educativo Digital se presenta de manera fragmentada al resto del sistema y no de forma transversal y articulada. No quedan explicitados enfoques y concepciones sobre las nuevas tecnologías de la educación, con predominio de un enfoque tecno instrumental y un abandono a lo pedagógico.

• Entre otros temas: nos parece necesario analizar las propuestas de Municipalización, los cambios que se introducen en el nivel superior en relación a la estabilidad en los cargos docentes y precisiones con respecto a la evaluación externa, el corrimiento del estado en relación a la educación inicial, centros de capacitación para el trabajo y las escuelas artísticas vocacionales, la falta de precisiones con respecto a la educación bilingüe, la ausencia en el desarrollo del rol del estado provincial en torno a la articulación entre sistemas y jurisdicciones dentro del Sistema Educativo, la falta de regulaciones sobre gestores políticos que ocupan cargos de gobierno, entre otros.

Coincidimos en la necesidad de una nueva Ley de Educación Provincial adecuada a la Ley de Nacional de Educación -ya que la vigente se enmarcaba en la anterior Ley Federal de Educación) como también acorde a los tiempos, a los desafíos, las necesidades y los problemas que debe atender.

Discrepamos en la forma en la que se pretende imponer este proyecto de ley, alejada de la construcción plural y democrática que requiere y sin lugar a todas las voces. La nueva Ley de educación de la Provincia de Mendoza debe dar como resultado un texto que obligue al estado a garantizar los recursos y generar las políticas públicas necesarias; y a los y las actores a trabajar en pos de ella y de sus principales destinatarios/as los y las estudiantes presentes y futuros de nuestra provincia.

Por todo lo hasta aquí expuesto es que nos manifestamos en contra del tratamiento del proyecto de Ley de Educación Provincial, por lo inoportuno, por la forma en la que se pretende imponer y por muchos de los contenidos que expresa. Ciclo de P