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Hablar de Gatillo Fácil es hablar de Violencia Institucional

En el marco del 27 de agosto, fecha en que se realiza la "Marcha Nacional contra el gatillo fácil y la impunidad", Silvana Vallone -coordinadora del Área de Derechos Humanos de la FCPyS- informa sobre la fecha y convoca a reflexionar en torno a que, a 40 años de democracia, la violencia policial continúa siendo una práctica casi cotidiana e impune, sobre todo direccionada a la población joven y pobre de Mendoza.

26 de agosto de 2024, 10:11. Por: Silvana Vallone.

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¿Qué es el gatillo fácil? ¿A qué hace referencia?


El término gatillo fácil hace referencia a la desproporcionalidad y a la impunidad del uso arbitrario del arma de fuego por parte de una/un policía. Fue un término acuñado por la sociedad civil en momentos en que las policías ingresaron en el debate público a partir de casos de violencia de gran transcendencia mediática como la Masacre de Budge (1987) y el asesinato de Walter Bulacio (1999). La movilización social y los procesos de investigación sobre estos casos pusieron en evidencia el uso ilegal y arbitrario de la fuerza policial como prácticas rutinarias en el manejo de la calle. Dichas prácticas estaban asociadas a la dictadura, dado que la institución policial estaba fuertemente militarizada.

 

A pesar de los debates que se generaron, la cuestión policial fue marginal en la agenda política de esos años, y no es un tema que preocupó a la clase política hasta mediados de los años 90' cuando los problemas de corrupción y de inseguridad lo pusieron en el centro del debate mediático y político. La cuestión policial pasa a ser una cuestión política con dos hechos trascendentes para la sociedad argentina: el "Caso Cabezas" y AMIA.

 

En Mendoza, mientras tanto, resonaban casos como Adolfo Garrido y Raúl Baigorria (1990), Chritian Guardati (1992), Sebastian Bordón (1997), en los cuales, en todos, estaba involucrada la policía en la trama de violencia, corrupción y encubrimiento de acciones delictivas. En los medios nacionales se podía leer acerca de la mafia policial en Mendoza. Estos hechos desencadenaron lo que luego se conoció como la "purga policial" que desembocó en una reforma profunda del sistema de seguridad pública (Ley 6721) y de la institución policial (Ley 6722). Este proceso fue claramente asumido como política de Estado con el amplio acuerdo de todas las fuerzas políticas.

 

La crisis policial fue tematizada como un problema estructural y no como una sumatoria de hechos aislados y eventuales. Los delitos, el gatillo fácil, la corrupción eran parte de la dinámica y de la cultura organizacional de la fuerza; una fuerza autoritaria, corporativa, autónoma del poder político civil que gozaba de un alto grado de impunidad. Se comprendió entonces que era necesario una reforma urgente basada en tres ejes: democratización, control político y profesionalización.

 

A 40 años de democracia, y a 25 de aquellas políticas de Estado en nuestra provincia, la violencia policial continúa siendo una práctica casi cotidiana e impune, sobre todo direccionada a la población joven y pobre de Mendoza.

 

El gatillo fácil como una de las expresiones más extremas y fatales de la violencia institucional, sigue cobrándose vida joven bajo la excusa de "combatir" la inseguridad. Inseguridad que por cierto es un término complejo, que enuncia situaciones mucho más amplias y profundas y que, sin embargo, es reducido y direccionado a "combatir" el delito callejero.

Por esto, por ellos y por ellas, cada 27 de agosto se realiza la Marcha Nacional contra el gatillo fácil y la impunidad.

La democratización de la institución policial y el control político sin reservas sobre ella es una gran deuda del sistema político democrático. El gran desafío continúa siendo conectar de una vez por todas a las fuerzas de seguridad con el paradigma universal de los Derechos Humanos.
 

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