Desde de la Secretaría de Investigación y Publicación Científica invitamos a dialogar a Matías Dalla Torre quien dirige un proyecto de investigación sobre planificación y desarrollo territorial de la provincia. El investigador analiza el impacto y los alcances de la normativa que marcó un antes y un después en el ordenamiento del territorio, pero también reconoce las materias pendientes de un plan que debe conciliar tantas variables como intereses.

Licenciado en Ciencias Políticas, Matías Dalla Torre realizó el doctorado en ordenamiento territorial y desarrollo sostenible en la Facultad de Filosofía (UNCuyo). Es Docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y miembro del Centro de Estudios del Hábitat Humano (CEHA), dirige un proyecto de investigación de la Secretaría de Investigación, Internacionales y Posgrado (SIIP-UNCuyo) titulado “Planificación y desarrollo territorial en Mendoza. Estado actual y perspectivas a 2030”. 

En entrevista con la SIPUC, Dalla Torre analiza los alcances de la normativa que marcó un antes y un después en el ordenamiento y desarrollo territorial en Mendoza. Una experimentada mirada acerca de cómo pensar, diseñar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), los avances, obstáculos y transformaciones, las controversias, la incidencia ambiental, el rol de los sectores productivos y su impacto tanto en el diseño de políticas públicas como en las comunidades locales.

A partir de su análisis, el docente investigador considera que lo importante es redefinir una estrategia de desarrollo para Mendoza y que desde la investigación social se puede aportar a la gestión directa.

¿Cuál es el objetivo principal de pensar, diseñar e implementar un Plan de Ordenamiento Territorial para Mendoza?

El proceso de ordenamiento territorial es una política bastante amplia, donde participaron muchos actores, entre ellos la Universidad Nacional de Cuyo. Los inicios de esta política arrancan antes del 2009. Lo que busca la Ley de Ordenamiento Territorial es trazar un horizonte y tener un plan para desarrollar nuestros territorios de una manera sustentable. Eso es muy importante, sobre todo en sociedades como las nuestras, que no suelen generar políticas de Estado o se ven con dificultades para darle continuidad a los programas oficiales cuando finaliza un ciclo de gobierno. Esta política busca determinar cómo hacer uso de nuestro territorio de forma sustentable, evitando las incompatibilidades en los usos de suelos, lo cual genera grandes conflictos de convivencia.

¿A partir de qué hito surge la problematización del ordenamiento territorial a nivel local?

Los primeros indicios es que algunas cosas estaban mal. Por ejemplo, el descontrolado avance urbano sobre zonas agrícolas, cómo se avanzó de una manera explosiva en el piedemonte del Gran Mendoz. Al no contar con un marco regulatorio o una planificación, ese crecimiento es explosivo y sin ningún orden, lo que genera muchas dificultades para la convivencia y para el Estado. Pensemos desde el punto de vista del hábitat lo que es ir a vivir a un barrio o a un lugar donde no llega el servicio de agua, tampoco el colectivo, donde no hay escuelas. Lógicamente, el Estado necesita una inversión altísima para llevar los servicios porque en realidad no se planificó ese asentamiento humano. Es decir, primero hay que llevar los servicios y después a la población para garantizar lo que se conoce como un “hábitat adecuado”. La pérdida sobre los cinturones verdes, muchas veces por una fuerte presión inmobiliaria, la población que crece, las altas demandas habitacionales y el precio del suelo son condiciones lógicas del mercado, pero el Estado debe tratar de regularlas. Todo esto impulsó un movimiento político y social que en su momento lideró -lo cual considero adecuado- la Universidad Nacional de Cuyo, y que logró que en 2009 se sancionara la Ley N°8.051 de Ordenamiento Territorial en Mendoza.

¿Qué sucede a partir de la sanción de la ley?

Se definen muchos mecanismos institucionales, se crean instituciones, una de ellas es el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, que tenía como objetivo elaborar un plan estratégico de desarrollo para la provincia. Ese plan se integró con una pluralidad de actores, entre ellos miembros de la Suprema Corte, exgobernadores, científicos, académicos, municipios, etcétera. También se realizaron talleres participativos y se logró un documento que en su momento fue un buen horizonte.

¿Qué controversias se dieron y dan en el debate de implementación del POT? 

Hay diversos debates, institucionales, políticos y diversas lógicas, porque el territorio expresa lo que es la sociedad en sí. En el primer proyecto de investigación que  presentamos hicimos mucho hincapié en la necesidad de analizar las capacidades de coordinación que tiene la provincia para implementar esta política, porque  institucionalmente hay una Secretaría de Ambiente donde funciona la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial. Además del Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial están los municipios que planifican su territorio. Ahí hay un juego al que le llamamos de “coordinación multinivel”. Es decir, cómo la provincia puede coordinar a municipios para que elaboren sus planes de ordenamiento de su territorio y, a su vez, sea todo compatible con una visión de desarrollo para la provincia. Esos procesos suelen ser tan lentos que hay un desacople entre, por ejemplo, el ordenamiento territorial como política y la estrategia de desarrollo, que es como el paraguas… la visión máxima hacia dónde vamos a ir, cómo vamos a ir a ese futuro que nos presenta tantas dificultades.

¿Cómo se discuten esas controversias a nivel sectorial? 

-Ha habido distintas instancias, ya que es un proceso de muchos años. Hay momentos donde se amplía la participación y otros en los que se necesita ejecutar más. En un primer momento, sí había mayor participación, cuando se logra sancionar la ley. Después, viene el Consejo de Estado que logra el Plan de Desarrollo en el cual se necesita mucha participación para fijar objetivos a largo plazo. Posteriormente se elaboró el Plan de Ordenamiento Territorial, que significó materializar la ley que teníamos. Ese plan se sancionó en 2017. Ahí también hubo grandes instancias de participación, pero siempre hay dificultades en ese sentido, es difícil que todos estén de acuerdo. Otro plano fue cuando pasó a una parte más ejecutiva que va hacia los municipios. Estos tienen que hacer sus propios planeamientos y lograr una amplia participación ciudadana. Cada caso es un mundo. Dentro de nuestro equipo de investigación tenemos a una investigadora, Malena Reyes, que estudia específicamente cómo se dieron en los 18 departamentos los procesos participativos. Son dispares, por supuesto, y acá también entra el juego de cómo puede amoldarse la provincia.

¿Encuentran alguna experiencia destacable de algún municipio que haya avanzado más que otros y haya tenido una buena recepción en su comunidad?

No me arriesgaría a decir que un modelo es exacto. En todos los casos vamos a encontrar fortalezas y debilidades. Se hicieron muchos esfuerzos en tratar de llegar a una población amplia. En algunos municipios hasta se realizaron consultas en escuelas secundarias, después se llevaron los estudios participativos y los talleres a todos sus distritos. Es muy difícil conciliar todos los intereses. El ordenamiento es una disciplina con un componente muy técnico, entonces hay que tratar de lograr que la demanda, las expectativas o las necesidades que tiene el vecino logren incorporarse en los planes. En nuestros trabajos sí hay orientaciones en cuanto a la participación, pero los procesos son muy finos. La participación está cargada de mucho romanticismo. En términos prácticos efectivos se dan algunas cosas positivas con la participación ciudadana.

Focalizándonos particularmente en la investigación realizada y sus aportes disciplinares ¿qué obstáculos encontraron en el análisis y qué alternativas existen para sortearlos?

Sería importante actualizar este plan estratégico de desarrollo. El principal obstáculo es que no responde a las necesidades de ahora. Los sectores más grandes de la población piden volver a discutirlo. Por eso en la continuidad del proyecto de investigación vamos a generar algunos aportes a la estrategia de la planificación del desarrollo territorial. El sur de Mendoza está hablando de otro tipo de modelo de desarrollo, por qué no a escuchar o ver qué plantean ellos. Por más que la zona centro o cualquier otro sector piensen distinto. Ahí hay una discusión muy seria, muy importante de cómo vamos a cuidar el agua, cómo vamos a ser una provincia que efectivamente se involucre en la transición energética. Y cómo vamos a pensar un modelo de desarrollo con el cuidado del ambiente de manera sustentable, que a su vez pueda dar condiciones de empleo y generar crecimiento económico.

Como equipo, ¿ustedes participaron en discusiones, como por ejemplo del proyecto Portezuelo del Viento? ¿Cómo incorporan las polémicas que surgen?

Tenemos un grupo muy variado, nuestras discusiones son fuertes porque, por supuesto, hay cuestiones ideológicas de por medio. Pero como estamos en el marco de un proyecto de investigación nos guiamos por pautas académicas. Es un grupo heterogéneo donde hay politólogos, geógrafos, arquitectos, gestores ambientales. Podemos discutir lo que queramos, pero siempre en un formato académico porque sino es una asamblea o cualquier otra cosa. Dentro del equipo de investigación tratamos de que cada uno conserve su perspectiva ideológica que, de alguna forma, va a quedar plasmada en el informe final. Hay que tratar de tener datos y de seguir una metodología, hacer un esfuerzo por dar una discusión académica, lo más científica posible. Cuando se habla de temas de minería, de cuidar el agua, creo que sí hay que tratar de tener un paraguas o un circuito donde estén estos elementos claves de nuestra metodología de investigación.

El plan sugiere pensar al 2030 ¿está de alguna manera vinculado al plan de ciencia y tecnología a nivel nacional?

Sí, en realidad está pensado el 2030 porque es una dimensión del Plan Estratégico territorial de la Nación. A nuestro entender hubo poca implementación porque los desequilibrios territoriales en Argentina persisten. Es parte de ese enfoque lograr los objetivos en 2030, pero ahora se estipulan para el 2045.

¿Qué considerás que aporta este tipo de proyectos a la política provincial para un futuro?

Lo importante es volver a definir una estrategia de desarrollo. Como objetivo de este proyecto de investigación queremos hacer aporte a la gestión directa. No es que tengamos un plan estratégico para Mendoza, por supuesto, pero sí aportar a esa discusión que sabemos que el próximo gobernador va a tener que encarar: cómo conciliar la perspectiva verde con la innovación y cómo atender a las grandes vulnerabilidades sociales que tienen territorio y crecimiento económico. Nosotros abordamos una parte histórica del desarrollo, cómo se ha considerado en América Latina, cómo en Mendoza, cuáles son las perspectivas, qué dice la teoría ahora con respecto al desarrollo y cómo se vincula con el ordenamiento del territorio. Por ahí vamos a ir indagando. 

Ficha técnica del proyecto

“Planificación y desarrollo territorial en Mendoza: estado actual y perspectivas a 2030”

Dirección: Matías Dalla Torre / Codirección: Belén Levatino y Alberto Molina

Integrantes: Virginia Miranda Gassull, María Emilia Schilardi, Erica Pulido, Martín Sánchez, Mariana Sanmartino, Malena Reyes, Giuliana Caterino, Victoria Ibañez.

Resumen

Habitamos territorios cada vez más complejos, donde todas las partes se afectan mutuamente, hay diferentes intereses económicos y poder en juego, diversidades culturales, diferencias sociales y políticas, distintas improntas institucionales y pujas de liderazgos. Hablar de desarrollo territorial implica entender que se trata de un proceso complejo y multidisciplinario, donde hay que crear capital social, construir redes de aprendizaje, potenciar a los actores locales, fomentar los liderazgos, generar y compartir información y conocimiento, gestionar el conflicto. La estructura territorial de Mendoza es compleja y requiere ser abordada a través de distintos ejes geográficos y económicos, con el enfoque puesto en la concreción de una densidad local institucional. Mendoza ha tenido, en los últimos doce años, una constante política de Estado en ordenamiento territorial. Ahora, es necesario coordinar el ordenamiento territorial con una visión del desarrollo territorial, gestionando procesos sociales, económicos y políticos complejos en el territorio, ampliando las capacidades y facilitando el proceso de desarrollo deseado.

Acerca del espacio “Conversaciones”

Conversaciones es un ciclo de entrevistas que surge del Programa Puentes para promover la comunicación de las ciencias sociales y generar vinculaciones con equipos de investigación y centros de estudios de nuestra facultad. La iniciativa es desarrollada desde el Área de Comunicación y Cultura Científica perteneciente a la SIPUC FCPyS, con colaboración de las prácticas pre profesionales realizadas.