El documento

Una mujer con perspectiva de género a la Suprema Corte de Mendoza

Señor gobernador Alfredo Cornejo:

Ante la inminente renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza del doctor Herman Salvini, usted tiene la oportunidad histórica de avanzar en la consolidación de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades desde una perspectiva de género, proponiendo a una mujer capaz de garantizarla para ocupar dicho lugar.

A lo largo de su historia, el máximo tribunal provincial sólo fue integrado por una mujer, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci. Actualmente sólo lo componen varones.

El “Mapa de Género de la Justicia Argentina” realizado por la Oficina de la Mujer, permitió confirmar un problema ya reconocido en otros ámbitos: a pesar de que la composición del Poder Judicial es mayoritariamente femenina, la presencia de mujeres en cargos jerárquicos es muy inferior. Las mujeres son la mayoría de estudiantes y graduadas de las Facultades de Derecho en muchas Universidades del país desde hace años. Sin embargo, la presencia de mujeres disminuye a medida que aumenta la jerarquía escalafonaria dentro de la justicia.

El cumplimiento irrestricto del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, reconocido en la Constitucional Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, exige pasos decisivos como el que hoy reclamamos para garantizar la igualdad de género en el acceso a cargos públicos.

Al ratificar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), el  Estado argentino se comprometió expresamente a adoptar las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas -incluida la vida política y pública- y a garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: “participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

La actual integración de la Suprema Corte expresa una clara desigualdad y enquista la dominación masculina, pues perpetúa criterios heterosexistas para la selección de quienes imparten justicia y toman decisiones relevantes en orden al respeto y consolidación el estado de derecho.

 Las mujeres tienen derecho a acceder a lugares de decisión y de ejercicio de poder real, como una manifestación de la igualdad real de oportunidades con los varones.

Los Estados están obligados a eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres en las esferas de la vida pública y privada, según lo dispuesto por tratados de jerarquía constitucional, especialmente la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

La mujer que integre la Corte tendrá la enorme responsabilidad de consolidar los derechos conseguidos a lo largo de años de lucha, así como de motorizar nuevos avances. Por eso, como parte integrante de la idoneidad y la ética que el cargo requiere, deberá demostrar su compromiso con la vigencia de los derechos humanos de las mujeres y un apego insoslayable a la perspectiva de género a la hora de aplicar el derecho. Sólo de esta manera se hará efectivo el principio de igualdad.

Numerosas juristas de nuestra provincia satisfacen con creces los requisitos para integrar el máximo tribunal provincial. Muchas de ellas cuentan con apoyo de las organizaciones de mujeres e instituciones académicas por su probada idoneidad, conocimiento y compromiso con los derechos de las mujeres y los derechos humanos desde una perspectiva de género.

En cambio es notoria la falta de idoneidad de jueces cuyos nombres se anticipan como posibles sucesores, como el caso del camarista penal José Valerio, que cuenta con antecedentes reprobables por el contenido misógino y homofóbico de sus fallos.

Si lo que le preocupa es la seguridad, no puede dejar de analizar que nuestra provincia es más peligrosa e insegura para las mujeres, lo cual se hace evidente si recuerda los recientes femicidios en Mendoza, durante su gestión. El juez Valerio de ningún modo garantiza que las mujeres van a vivir más seguras, de la mano de sus fallos.

Contar con un Poder Judicial comprometido con la igualdad de género no puede ser sólo un objetivo deseable, es una obligación del Estado. Una Corte sin la representación adecuada de mujeres no será una Corte con legitimidad democrática.

Cuando las diferencias se traducen en jerarquía, cuando no hay paridad, cuando no hay igualdad, una sociedad es injusta. El gobierno debe empezar a revertir esa injusticia desde la integración del máximo tribunal judicial.

Es por ello que lo exhortamos proponer candidatas con perspectiva de género para integrar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

No hay excusas. No hay motivos para negarlo.

Por igualdad. Por justicia.

Una mujer con perspectiva de género a la Corte.