• El Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, en su carácter de institución formadora de cientistas sociales y de formación docente en Ciencias Sociales, reunido en sesión plenaria el 5/10/2020, expresa su posición de rechazo al tratamiento del borrador de Ley de Educación Provincial y al Congreso Pedagógico propuesto.

Teniendo en cuenta el principio de sostener los derechos y garantías constitucionales, de la educación pública, laica y gratuita, y en activa defensa de la Educación en todos sus niveles y modalidades, manifestamos nuestros principales fundamentos al rechazo.

• El tratamiento de una nueva ley de educación implica proponer cambios profundos acordes a una sociedad de futuro más igualitaria sobre todo pensando en lo que nos dejará la pandemia a nivel global.
• Son necesarios diagnósticos cuantitativos y cualitativos, análisis profundos e interpretaciones reflexivas críticas de las principales problemáticas que den cuenta de las deudas, necesidades y desafíos.
• Por las características del sistema educativo, su finalidad, su extensión territorial y su importancia material y simbólica, el tratamiento de una nueva Ley de Educación implica requiere y demanda exige la participación de actores sociales diversos, voces que habitan todo el territorio provincial, la incorporación de otras instituciones y organizaciones, la convocatoria a representantes gremiales, directivos, docentes, estudiantes, familias, y la comunidad en su conjunto.

El actual contexto de emergencia sanitaria por Covid-19 impide el análisis y debate que exige una nueva Ley de Educación para la provincia.

Por múltiples razones, además del momento elegido, consideramos que no es posible seguir adelante con el proyecto político educativo de esta ley:

• La enorme brecha social y tecnológica, con un gran número de estudiantes sin conexión y, por lo tanto, fuera del sistema educativo.
• La brecha social y digital de docentes sin recursos o con equipamientos y conectividad escasa.
• Los y las trabajadores/as de la educación en condiciones salariales y de salud física y psíquica vulneradas.
• La mayoría de familias y comunidades alteradas en su cotidianeidad por la pandemia y con acceso nulo o escaso a los medios materiales y simbólicos que permitan el acompañamiento y contención educativa.

Es necesario destacar que una nueva ley se sostiene con financiamiento genuino y la ausencia de su garantía implica el recorte de la inversión en educación, el achique del sistema educativo de gestión estatal, la retirada por parte del estado en las garantías que debe ofrecer para el acceso, permanencia y egreso, la inclusión educativa y la equidad.

En relación a los contenidos y sentidos expresados en la propuesta de ley, mencionamos algunos:

• Principio de garantía y de ampliación de derechos: en el texto se observa una sustitución de la palabra “garantizar”, por términos similares, pero con diferencias significativas que retiran al estado de su deber. La transcripción textual de fragmentos de la Ley 26.206 Nacional de Educación, genera confusión en la razón misma de transcribir la ley marco, a la vez que los cambios, agregados y modificaciones en conceptos y términos, alejan a este texto del espíritu de la ley Nacional y abre un debate al margen de lo que sucede en nuestro país.
• Las Ciencias Sociales y de la Comunicación con insuficientes desarrollos. Es probado el menor impulso en todo el sistema educativo provincial de las ciencias sociales en comparación con los lenguajes lecto-escritos y numéricos y con los saberes de las ciencias naturales.
• Ausencia de perspectiva de género como saber transversal en los fines de la propuesta. Actualmente se advierte la necesidad de desarrollar conocimientos que identifiquen los fenómenos de desigualdad, violencia, exclusión y discriminación sobre las mujeres, habida cuenta del extendido, invisibilizado y naturalizado patriarcalismo dominante en nuestras sociedades.
• Ausencia de actualización e innovación acerca de la transmisión de ciencia actual. El sistema educativo se estableció en orden a los desarrollos científicos positivistas. El estado de la ciencia actual es de vertiginosa producción, con saberes pertinentes a varias áreas de conocimiento y en el que la comunicación de la ciencia requiere reforzar vigilancias epistemológicas rigurosas.
• Los conceptos de trabajo y trabajador/a están silenciados y bajo prescripciones regresivas. El silenciamiento y ausencia de abordajes críticos acerca del trabajo y de los/las trabajadores/as excluye la búsqueda de un bienestar sustentado en desempeños laborales en ámbitos cuidadosos de la salud integral, en la participación y compromiso sobre las decisiones de la organización laboral y en la expectativa de progresar en mayores desarrollos. En la propuesta de Ley se observa insuficiencia sobre la relación Educación-Trabajo, y también se observa en la pérdida de derechos laborales y profesionales logrados.
• Acerca de la educación digital. Los fenómenos digitales atraviesan aspectos de magnitud y profundidad cultural que vuelven ineludible su integración como entorno, como lenguaje, como tendencia cultural y como recurso. El sistema educativo requiere la reflexión crítica acerca de su uso, de sus fuentes de producción, de comercialización y de difusión. Entendemos que el sistema educativo debe desarrollar formación crítica en relación al fenómeno social más integral, masivo y universal de los últimos tiempos.

Creemos que este debería ser un punto central en la propuesta de ley, y que no está a la altura de las circunstancias, demandas y desafíos a futuro. Un Sistema Educativo Digital debería constituirse claramente como ampliación de derechos de los/as estudiantes y docentes, con el objetivo central de reducir las brechas tecnológicas, que no se garantizan por su sola mención.

Otros aspectos a tener en cuenta y aparecen en el proyecto:

• El Estado deja de ser garante en escuelas artísticas, deportivas, centros de capacitación para el trabajo y SEOS; legaliza y naturaliza la fragmentación del sistema educativo provincial, proponiendo la municipalización; precariza el trabajo docente

• Introduce la evaluación externa; no tiene en cuenta en los derechos y deberes a no docentes y equipos técnicos

• Establece como modalidad la educación bilingüe pluricultural de comunidades indígenas, pero no explicita sí reconoce LO INDÍGENA migrante presente en nuestra provincia.

• Tiende a “controlar, regular y perseguir” las opiniones libres de ciudadanas/os entre los “deberes” enunciados para docentes del sistema, entre otros.

Es necesario y urgente, en lo inmediato, un paquete de medidas y propuestas, que permitan atravesar los próximos meses y hacer frente a la emergencia educativa en la que estamos. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales puede realizar aportes significativos en este sentido, que se sumen al de otros actores del sistema.

Coincidimos en la necesidad de una nueva Ley de Educación Provincial acorde a los tiempos, a los desafíos, las necesidades y los problemas que debe atender.

Discrepamos en la forma en la que se pretende imponer esta ley, alejada de la construcción plural y democrática que requiere y sin lugar a todas las voces. La nueva Ley de Educación de la Provincia de Mendoza debe dar como resultado un texto que obligue al estado a garantizar los recursos y generar las políticas públicas necesarias; y a los y las actores a trabajar en pos de ella y de sus principales destinatarios/as los y las estudiantes presentes y futuros de nuestra provincia.

Nuestra Facultad está dispuesta a colaborar en la construcción de una metodología de trabajo, para la construcción de un documento en donde se recojan los principales ejes, ideas y sentidos que luego serán Ley.

Por todo lo hasta aquí expuesto es que nos manifestamos en contra del borrador del proyecto de Ley de Educación Provincial, por lo inoportuno, por la forma en la que se pretende imponer y por los contenidos e ideas que expresa.