A dicho rechazo se suman el Área de Derechos humanos, el Centro de Estudios de Análisis e Investigación sobre prácticas de Trabajo Social y el Colectivo de Trabajo Social de la FCPyS. Todos forman parte del "Colectivo en Defensa de la Ley de Salud Mental Mendoza". 

Dicho decreto representa un terrible retroceso en la defensa de los derechos humanos de personas que padecen algún tipo de afección mental, ya que retoma una mirada estigmatizante que vulnera toda posibilidad de participación social.

Según el nuevo decreto propuesto el padecimiento mental deja de ser considerado como cualquier tipo de sufrimiento psíquico y pasa a ser definido como un trastorno comportamental. Así, se corre el eje del tratamiento según lo define la propia ley 26.657 y se permite la creación de nuevos manicomios bajo otras figuras.

Esta concepción significa volver al viejo paradigma de psiquiatrización sin tener en cuenta las causas del sufrimiento. El único objetivo es suprimir las conductas “que alteran el orden social e institucional”.

Estas prácticas son una clara violación a los derechos humanos y por ello declaro mi más profundo rechazo a este decreto que, lejos de aportar al crecimiento social, crea estructuras anticuadas, represivas, estigmatizantes y discriminatorias de quienes sufren padecimientos mentales. Espero que tanto el gobierno nacional como el provincial puedan comprender la importancia de proteger a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y den marcha atrás en este proyecto tan aberrante. 

A continuación compartimos la nota que formuló el "Colectivo", rechazando el proyecto de derogación.