El denominado gatillo fácil, las prácticas arbitrarias de las fuerzas de seguridad en el espacio público constituyen expresiones visibles de un fenómeno más amplio y complejo. La violencia institucional se despliega de manera multiforme, atravesando no solo el accionar represivo policial, sino también las dinámicas judiciales, administrativas y simbólicas que producen desigualdad, exclusión y vulneración de derechos.
Hay formas de violencia persistentes en el tiempo, profundamente estructurales e invisibilizadas: las prácticas del sistema penal que operan de manera selectiva, reproduciendo prejuicios de clase, género o racialización en las decisiones judiciales; trámites excesivos o inaccesibles y circuitos institucionales opacos que terminan obstaculizando o negando el acceso a la salud, a la educación o a la asistencia social; formas de maltrato institucional, desatención, patologización o estigmatización de determinadas poblaciones (jóvenes de sectores populares, personas trans, migrantes, personas con discapacidad).
En el mismo sentido, en una dimensión simbólica, los discursos institucionales que construyen a ciertos grupos como peligrosos o sospechosos. Esa producción de sentido habilita y legitima otras violencias más visibles: por ejemplo, la criminalización de la protesta social que convierte el derecho a la protesta en un hecho politizado, sindicalizado, que atenta contra el orden público y la paz social. Este discurso criminalizante, a través de mediaciones específicas, logra instalarse en el imaginario social habilitando -y legitimando- la represión policial, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento y persecucución de manifestantes.
Es decir, no siempre hay un acto violento en sentido clásico, pero sí prácticas que producen subordinación, disciplinamiento o expulsión. Estas violencias, muchas veces naturalizadas o invisibilizadas, requieren ser analizadas en profundidad para comprender sus condiciones de posibilidad y sus efectos en la vida social. No siempre hay un acto explícito de coerción pero sí efectos concretos de vulneración de derechos. Y aquí reside el potencial analítico y transformador de las ciencias sociales, indagar e interrogar en ese entramado cotidiano de acciones y omisiones que requieren ser visibilizadas, investigadas y transformadas desde espacios como la universidad pública.
Como docentes, investigadoras/es, trabajadoras/es de la universidad pública, y en particular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tenemos la responsabilidad de asumir un rol activo en la producción de conocimiento crítico, en la formación de profesionales comprometidos con los derechos humanos y en la generación de herramientas -como la información- que permitan identificar, prevenir y denunciar estas prácticas.
Se trata no solo de estudiar la violencia institucional, sino también de contribuir a la construcción de respuestas colectivas que fortalezcan las garantías del Estado de Derecho y promuevan formas de intervención estatal respetuosas de la dignidad y los derechos de las personas. Conmemorar esta fecha implica, así, renovar el compromiso con una agenda académica y política que sitúe la defensa de los derechos humanos en el centro del debate público, aportando a la comprensión y transformación de las condiciones que hacen posible la violencia institucional en nuestra sociedad.
