El vicedecano de la FCPyS, Roberto Roitman, comenzó la disertación haciendo hincapié en la importancia y necesidad de que estos debates se den en la Universidad. Además expuso una introducción sobre la ley y remarcó la importancia de crear una partida presupuestaria real para implementar la misma. Trato sobre las “formas innovadoras” de reclamar para conseguir derechos, haciendo alusión a los movimientos sociales y su relación que han tenido con el Estado dando las discusiones pertinentes y organizando marchas o movilizaciones como forma de protesta. Luego, tres vecinas de Barrios Populares contaron su experiencia, entre ellas, Yovanna Barrios del Barrio Valle Encantado de Luján de Cuyo. Yovanna contó sobre su primera experiencia cuando recibió el “Certificado de Vivienda Familiar” el cual, entre otras cosas, habilita a solicitar y acceder a servicios públicos como agua corriente, cloacas, electricidad, red de gas natural y permite la acreditación de un domicilio ante cualquier autoridad. Agradeció profundamente a los/as integrantes del Re.Na.Ba.P (Registro Nacional de Barrios Populares) ya que habían logrado visibilizar, a través de los censos, las necesidades que sufría ese barrio desde hace más de 30 años.

Luego se le cedió la palabra a Juan Pablo Soloa integrante del Re.Na.Ba.P el cual habló sobre la situación actual de los Barrios Populares en Mendoza y la dificultad de lograr aplicar la ley con efectividad en este contexto de ajuste. Soloa dio a conocer que en la provincia de Mendoza hay 247 Barrios Populares y que eso representa unas 60.000 personas viviendo en ellos. A nivel nacional hay 4.000.000 de personas en esta situación. Habló sobre la historia de la ley y de las organizaciones que la congeniaron. En 2017 se formalizó por decreto como el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y en 2018 mediante la votación por unanimidad en las dos Cámaras del Congreso de la Nación se votó a favor de la promulgación de la ley. Enfatizó en la necesidad de la realización de un censo en villas y asentamientos y de cómo esa decisión permitió tener información precisa para idear políticas públicas adecuadas. Hacia el final, recordó que el 22 de Noviembre en la Legislatura se realizará la Mesa Provincial de Barrios Populares por la Integración Urbana  en donde un representante por barrio y distintos referentes podrán discutir y planificar el plan de lucha y acción para seguir avanzando implementación de la ley.

Por último se le dio la palabra a Laura Martínez, abogada especialista en derecho de la tierra. Habló sobre los puntos centrales de la ley empezando por definir que un Barrio Popular es: 8 familias agrupadas donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos, o más, de los servicios básicos. Luego reveló que el Censo Nacional de Barrios Populares arrojó resultados como: hay 4329 Barrios Populares en todo el país; el 93,81% de los/as habitantes de barrios populares no cuenta con acceso de agua corriente y el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas. También hizo referencia al AABE (Agencia de bienes del Estado) el cual es el sujeto expropiador de tierras del Estado siendo el ente central para la aplicación de las acciones que exige la ley. Mencionó la suspensión de desalojos por dos años que se especifica y el permiso para que los entes de servicios públicos y el Estado  puedan realizar obras que tiendan a la integración urbana. Laura explicaba que se han logrado avanzar de forma fructífera con algunos barrios sin embargo desde el gobierno provincial y nacional no hay voluntad política para buscar alternativas de financiamiento y concreción.

Los/as expositores/as tanto como los/as ya nombrados y dos referentes del movimiento estudiantil: Agustina Gorez, actual Presidenta del Centro de Estudiantes de la FCPyS y Lisandro Vergara, Secretario General mandato cumplido remarcaron la necesidad de que estas actividades se sigan realizando en la Universidad para lograr que las discusiones y problemáticas de las mayorías argentinas no resulten tan ajenas al estudiantado universitario logrando este, ponerse al servicio del pueblo que financia los estudios.