LA FCPyS debatió sobre la Violencia Institucional

23 de mayo de 2017, 10:34.

LA FCPyS debatió sobre la Violencia Institucional

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Organizadas por el Área de Derechos Humanos, se llevaron a cabo en el marco de la Semana de Lucha contra la Violencia Institucional. Diversos especialistas abordaron la temática desde distintas perspectivas.

La primera de las charlas, “Violencia Institucional en salud mental. Una mirada sobre nuestras prácticas”, se desarrolló en relación con el Colectivo de Defensa de la Ley de Salud Mental Mendoza. El objetivo fue “atender, visibilizar y entender la violación de los Derechos Humanos”, como lo expuso Silvana Vallone, responsable del Área de DD. HH. de la Facultad. Como parte de la presentación de la charla, introdujo algunos conceptos históricos que dan lugar a la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional – la masacre de Budge, primer caso de gatillo fácil  – dejando en claro que “no sólo es culpable quien comete el hecho, sino el engranaje social, es decir las instituciones.”

Tras el relato “La culpa es de Eva”, escrito por Noelia, docente de nivel secundario, donde relataba el dilema que supone ir embarazada a una guardia hospitalaria, comenzó la charla. Susana Rodríguez, del Colectivo de Defensa de la Ley de Salud Mental Mendoza definió la violencia institucional como las prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios de fuerzas armadas, servicios penitenciarios y efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad. Abarca desde la detención “por averiguación de antecedentes” hasta formas muy extremas como asesinato y torturas físicas y psicológicas. Sobre la Ley de Salud Mental, afirmó que es el derecho a preguntar y saber, por ejemplo, qué medicamentos nos recetan y el por qué. “Nos posiciona como sujetos pensantes y con derechos que tienen que ser oídos.”

Por otra parte, expuso sobre el tema Alejandra Berlanga de la Asociación de padres autoconvocados de niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad. Su aporte trató sobre “Territorios de la violencia institucional”. La lucha de la Asociación se basa en la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad y/o que sufren de padecimientos crónicos. Postuló la existencia de un déficit de interacción con las barreras del entorno, por lo cual, si éstas logran ser rotas, nos encontraremos con una sociedad de personas diferentes pero iguales en calidad de sujetos. Así también, denunció la inexistencia del acompañamiento de salud mental, como también el “proceso de mercantilización” en el ámbito de la salud. Sobre ello expuso: “El mundo de las terapias es deambular en busca de un diagnóstico, porque es eso. Ven un diagnóstico, no a una persona.” Para ella, en el ámbito de la salud aparecen dificultades para encontrar un diagnóstico; una patologización excesiva de la infancia, lo que conlleva a un proceso de medicalización que contribuye al mercado de la industria farmacéutica.

La segunda actividad, “Violencia institucional en los organismos y dispositivos de control social” contó con la participación de Sergio Salinas, de Xumek; Fabricio Imparado, Procurador de las personas privadas de libertad; Romina Cucci, de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia; Lorena Rubio Diotto, responsable de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional; y Viviana Espina y Jésica Carvalo, Madres de víctimas de violencia institucional.

Sergio Salinas destacó la importancia de tener en cuenta la sistematicidad de las acciones violentas en las instituciones; Imparado denominó esas acciones “practicas estructurales”. Por su parte, Romina Cucci  agregó que  “es importante poner al Estado en el centro del debate, son los agentes del Estado los que por acción u omisión vulneran derechos. Son prácticas muy visibles pero otras no tanto y los delitos quedan impunes porque están naturalizados”.

En ese sentido, Lorena Rubio Diotto afirmó que “los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Estigmatizan a los sectores populares, quienes los consumen son quienes  después piden mano dura, tolerancia cero”.

Viviana Espina es madre de Lucas Carrasco, y Jésica Carvalo es madre de Tania Paez, ambos víctimas de violencia institucional. Ellas relataron el calvario que tuvieron que pasar no sólo en el momento del asesinato de sus hijos/as sino también en su recorrido para pedir justicia “mi lucha es para que a ninguna otra familia le ocurra lo que me ocurrió a mí”, finalizó Espina.