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Nuevo Observatorio de Políticas de Justicia y Seguridad Pública

Este espacio aspira a cumplir objetivos como la investigación, análisis y evaluación de políticas públicas vinculadas a la justicia y la seguridad pública. La presentación será el viernes 4, a las 18, a través de Zoom.

08 de diciembre de 2020, 20:34. Por: Agustina Saracco.

Nuevo Observatorio de Políticas de Justicia y Seguridad Pública

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Como director del proyecto, el licenciado Marín Cairo junto al codirector y abogado David Gabriel Rodríguez Infante, presentan el nuevo Observatorio de Políticas de Justicia y Seguridad Pública de la mano de un comité académico conformado por reconocidos profesionales. El nuevo espacio de reflexión y producción depende del Centro de Estudios de Innovación Institucional (CEII).

Las áreas y sus coordinadores

  • Políticas de derechos humanos, coordinada por la abogada María Milagros Noli. 
  • Políticas de acceso a justicia, a cargo del abogado Leandro Rodríguez Pons.  
  • Políticas de gestión territoriales y locales vinculadas al acceso a justicia y a la seguridad pública, coordinada por el abogado Pablo Garciarena y el licenciado José Ángel Perlino.
  • Políticas de transparencia y acceso a la información pública. Coordinadora Lic. Marisa Repetto.
  • Políticas policiales, penitenciarias y pospenitenciarias orientadas a la seguridad pública, a cargo de la Dra. Melina Guardamagna.
  • Políticas de género, justicia y seguridad pública, coordinada por la abogada Viviana Beigel.
  • Relaciones institucionales vinculadas al estudio de políticas de justicia y seguridad pública. Coordinadora Mgter. Silvana Vallone
  • Políticas para garantizar la independencia judicial, a cargo del abogado Carlos Gabriel Blanco.

Un puente entre la gestión de políticas de justicia y seguridad y el conocimiento científico

Martín Cairo afirma que todos y todas las integrantes tienen una fuerte formación en la gestión de justicia y de la seguridad pública.

“Desde el observatorio queremos establecer un puente entre la gestión de políticas de justicia y seguridad pública con el conocimiento científico”, sintetiza el director.

Cairo cuenta que en la universidad se han invitado a distintos actores que participan en los procesos de diseño e implementación de políticas y, al mismo tiempo,  el observatorio busca constituirse en un actor más, para establecer aportes al políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos. 

Para el año que viene se plantearon algunos lineamientos para trabajar con cada área a partir de la conformación de equipos de trabajo. Estas tareas incluyen ponencias científicas vinculadas a las temáticas investigadas por el mismo, información sobre el desarrollo y calidad de políticas relacionadas a la justicia y a la seguridad pública.  

Desde este espacio se propone establecer un diálogo con los actores de la vida social, áreas gubernamentales, ámbitos académicos, la sociedad civil, movimientos sociales y otras organizaciones. 

Otros de sus lineamientos para el 2021 son diferentes capacitaciones en temas de justicia y seguridad pública a partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y profesionales de las ciencias sociales. A la vez se proponen herramientas de investigación sobre justicia y seguridad, visibilizar y valorizar las políticas públicas enfocándose a los derechos humanos.

Lograr que la ciudadanía se comprometa con la vigencia plena de políticas públicas también es uno de sus objetivos, como la incorporación y uso de tecnologías en la justicia.

Hacer un cambio doctrinario de la institución policial que favorezca la desmilitarización, democratización, fortalecimiento comunitario y profesionalización de la fuerza a partir de la adscripción al modelo de seguridad pública.

Crear marcos para la protección de los derechos humanos de la población carcelaria, trabajo digno al interior de los centros, apoyo a la formación académica y atención en salud física y emocional de la población. Mejorar tanto la infraestructura como la capacitación del personal que trabaja en cárceles e instituciones pospenitenciarias.

Promover la regulación del uso de la fuerza por parte de la seguridad privada para prevenir interferencias en la libertad y seguridad de la ciudadanía. Asimismo, evitar la tenencia de armas en manos de civiles, mediante el control de tráfico de armas y su producción.

Es importante la participación y organización ciudadana en Centros de atención integral en seguridad pública, como también el fortalecimiento de la perspectiva de género en los poderes del Estado.

La presentación 

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